Pou comienza su gobierno con tres paros en la educación por la ley de urgencia

Pou comienza su gobierno con tres paros en la educación por la ley de urgencia

Profesores de liceos se declaran “en conflicto” y anuncian tres fechas de movilizaciones contra el anteproyecto de ley de urgente consideración.

Que las ideas no se pueden imponer / son los espacios que se tienen que ensanchar. / Y si las cúpulas se creen que arrean bueyes, / que no empujen ni atropellen que de acá nadie se va”. La murga La Mojigata, que ayer quedó eliminada del Carnaval, se plantó combativa. Y una de las organizaciones que la auspiciaba, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), votó ayer mismo llevar el discurso combativo a los hechos: fijó tres paros para los próximos 45 días.

A falta de dos días para que asuma el nuevo gobierno y de tres para el inicio de clases, los profesores sindicalizados de liceos están “en conflicto”. Así lo decidió ayer la Asamblea General de Delegados, la que instó a las 60 filiales que la integran a evaluar sus medidas de movilización para el próximo 12 de marzo; la primera fecha del calendario de paros.

Porque la misma asamblea resolvió que ese segundo jueves de marzo haya paros parciales y de todo el día (medida que ya anunciaron las filiales de Montevideo y de la ciudad de Maldonado). Un segundo paro para fines de marzo “a coordinar con el resto de sindicatos de la enseñanza” y un tercero a “mediados de abril” con toda la central de trabajadores.

Fenapes, sindicato que representa a seis de cada diez docentes de Secundaria, es quien toma así la delantera de conflictividad contra el gobierno de Luis Lacalle Pou. Los trabajadores sindicalizados de UTU recién se reúnen hoy y, según supo El País, la línea mayoritaria votará un paro de 24 horas para el 12 de marzo. La Federación Uruguaya de Magisterio lo hará el sábado, pero no habría quórum para una paralización.

En cualquiera de los casos, el motivo del conflicto es el mismo: el anteproyecto de ley de urgente consideración.

“Muchos dicen que nos estamos apurando. Nosotros respondemos que esta ley de urgente consideración quiere imprimirle una impronta legal a un programa de gobierno y, por tanto, la esencia se va a mantener”, dijo José Oliverasecretario general de Fenapes.

-Hasta ahora, dice el gobierno electo, es un “anteproyecto”. Entonces, ¿es un paro “por si las dudas”?

-Si hubiera voluntad política y se actuara de buena fe, no se hubiese incluido un cambio de las reglas laborales en una ley de urgente consideración. Es lo que dice la ley de negociación colectiva. Pero hay actores con los que no se puede hablar.

-¿El ministro de Educación designado, Pablo Da Silveira, es uno de ellos?

-Se dedicó desde el diario El País a desprestigiar a la educación pública, a los trabajadores, a los sindicatos. Tengo claro que hay una diferencia entre un editorial, una columna de opinión y una nota informativa. Da Silveira ha puesto su firma para dejar bien en claro su opinión: que los sindicatos tomamos de rehén a la población, que somos unos radicales. Si ese es el nivel de debate del ministro…

La asamblea de Fenapes de ayer dejó en claro que el sindicato se opone “a la forma y el contenido” del anteproyecto de ley de urgencia. En educación, esa oposición se resume en cuatro aspectos: el poderío que pasaría a tener el Ministerio de Educación, “dejando en jaque la autonomía de la enseñanza”; la desaparición del sistema nacional de educación pública, “haciendo que se borre la frontera entre lo público y lo privado”; un cambio en la participación, “que resta representación de los docentes y amplía el peso de los privados”; y los cambios “de las reglas de juego laborales sin pasar por la negociación colectiva”.

Sucede que la LUC prevé una modificación del estatuto docente, lo que los sindicatos interpretan como una intromisión en las formas de contratación de los maestros y profesores. “Los directores van a poder elegir a sus docentes según si es el primo o el amigo… eso ya lo vimos en la época del sanguinettismo y es la mayor demostración de corrupción”, señaló Olivera.

Los sindicatos de la educación habían insistido con que las reformas educativas que había impulsado el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti eran “privatizadoras”. En ese momento, el futuro presidente del Codicen, el colorado Robert Silva, era secretario de la Administración. Ahora los docentes sindicalizados vuelven a cargar con el concepto de “privatización” y le agregan “mercantilización”.

-¿Por qué?

-Uruguay es el país de la región con mayor subvención a la oferta educativa privada. Los comités de expertos, sin la presencia de actores sociales, son una forma de privatizar el debate. En definitiva, la idea que está detrás de estos grupos de expertos y de la coalición de derecha es hacer un Fonasa educativo, una especie de pago de cápita a los prestadores privados. Otra muestra de esto es la participación del sector privado en la toma de decisiones. Con las comisiones descentralizadas de educación ocurrirán cosas absurdas: en algunos departamentos habrá una misma representación de cientos de escuelas públicas que de tres o cuatro colegios privados.

La educación ha sido el sector más conflictivo del último quinquenio, incluso superó a la construcción, según datos de la Universidad Católica. Y nada hace pensar que se revierta la tendencia.

“En educación todos los políticos se creen Varela”

-¿Es viable que se alcance el 6% del PIB para la educación?

-Es el gran ausente del debate. No lo cumplió siquiera el Frente Amplio. Ahora van a decir que “no es el momento por el déficit fiscal”. Pero en esa discusión presupuestal siempre se habla de los egresos del Estado y no de los ingresos. En educación se pueden ahorrar en muchas cosas y, a la vez, hay que invertir en muchas otras. Un ejemplo era el edificio que alquilaba Secundaria: lo que sale la elección de horas en un año, es lo que cuesta por mes ese alquiler.

-Pero menos de la mitad de los profesores está hace tres o más años en el mismo centro educativo, ¿tiene sentido seguir eligiendo por horas y cada año?

-Al docente lo que le complica no es tanto la elección de horas, sino que lo perjudica el multiempleo. Hay docentes que tienen un puchito de horas acá y otras allá.

-Un docente de Astronomía, que tiene solo una hora de clase por semana, está destinado a eso. ¿Usted está dispuesto a poner fin a ese asignaturismo?

-No va por ahí, mucho menos cuando lo que manda es el conocimiento.

-¿Y por dónde va para no recaer en dilatar la toma de decisiones con creación de comisiones y estudios?

-El problema de que se dilate es que cada uno que llega al poder lo hace con una idea fundante. En educación todo los políticos se creen que son (José Pedro) Varela. Mientras sigan viendo a la educación como botín de guerra, la educación no va a mejorar. Si hay algo común de todos los partidos, y repito todos, es que siempre tomaron a la educación para políticas partidarias y no de Estado.

-El colectivo Eduy21 está integrado por simpatizantes de múltiples partidos y se ha definido como una idea de política de Estado, ¿por qué ustedes se han opuesto a ese colectivo?

-Porque Eduy21 replica lo que dice la OCDE. Un documento de la OCDE, de 2017, dice expresamente que Uruguay tiene que revisar la participación de los docentes en los órganos de decisión de la educación. Básicamente, la OCDE y Eduy21 quieren que mande el MEC y gobernando como si fuera una empresa.

-¿Si lo dice la OCDE es malo?

-No. El problema es si la política nacional te la determina un organismo extranjero. Acá la cuestión es la injerencia internacional y quién escucha a los uruguayos.

-¿Para eso no se elige un gobierno y se vota?

-La Constitución deja claro que la educación es autónoma. Cuando el proyecto de ley de urgente consideración quiere que la rectoría sea del Ministerio de Educación, se está dando de frente contra la Constitución. El propio Gonzalo Aguirre, blanco él, dijo que no hay nada más autónomo que la enseñanza. Pero ahora aquellos que se quejaban que el gobierno privilegia ‘lo político sobre lo jurídico’, están haciendo lo mismo que criticaban.

-¿De qué manera se podría definir el interés público de los uruguayos?

-Podrían ser a través los congresos de educación, que ya están planteados. El problema es que ningún partido quiso hacer vinculante lo que establecen los congresos.

-En los últimos años, los paros de Fenapes tuvieron entre 25% y 40% de adhesión. ¿Siente que estas medidas están representando a los docentes?

-Tenemos otros números que varían con esos en un 11%. Son formas distintas de medir: una cosa es medir solo si falta una persona, y otra el impacto de que falte esa persona. Porque puede que en un liceo faltan dos profesores, pero uno tiene seis horas ese día y el otro dos. No es lo mismo. Lo que estamos seguros es que tenemos un campo para crecer como organización sindical. Estos 15 años han sido complejos por estar el Frente Amplio en el poder. Hubo compañeros que se alejaron de la vida sindical para estar con el gobierno. Eso se está revirtiendo. El quiebre empezó con la esencialidad de 2015, se agudizó hace dos años y se evidencia con el ascenso de la derecha. De hecho el último mes hubo 400 nuevas afiliaciones solo en Montevideo.

-Tres de cada diez docentes de Secundaria no están titulados. ¿Eso afecta?

-La formación en servicios es uno de los debes de los últimos 30 años. La docencia es una profesión con poco prestigio social y mal remunerada. Mi hijo me hizo la pregunta para ser profesor y yo le dije que optara por otra cosa.

-¿En su caso es egresado de qué asignatura?

-Hice Historia y soy efectivo por concurso de adscripto.

-¿No está titulado de profesor?

-No, en ese momento no había cupos.

-¿Le pesa ser uno de los principales dirigentes en representación de los profesores y no ser profesor?

-No, siempre estuve a favor de la titulación y de que sea valorada. Una cosa es que no lo quieras hacer y otra es que no lo puedas hacer, que es lo que me ocurrió. Yo cursé Historia en los años 90 por tema vocacional: me encanta la Historia pero no me gusta enseñarla. Me anoté dos veces al concurso y me dejaron afuera porque no había cupos.

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