De un tiempo a esta parte la expresión fake news se ha consolidado en el lenguaje público y se ha ido integrando en la agenda institucional y normativa. Su traducción literal, noticias falsas, no apela a nada novedoso. Así, la protección de la libertad de información contemplada en el artículo 20 de la Constitución partía y parte de la noción de veracidad, exigiéndose una diligencia mínima que ha ido definiéndose a golpe de sentencia. Y todo ello con la máxima cautela, dado que la libertad de prensa forma parte del núcleo duro del Estado democrático.

De ahí que cualquier aproximación normativa a la materia se haga con prudencia y que este ámbito sea propicio para fórmulas de co-regulación o autorregulación; que, a diferencia de la regulación clásica, se compadecen mejor con la protección de un espacio de inmunidad frente a los poderes públicos, porque –en síntesis– son los propios destinatarios de la norma quienes la configuran, la aplican y controlan los eventuales incumplimientos.

Siendo esto así, la novedad deriva fundamentalmente –aunque ésta no sea la única causa– de los cambios en la generación, difusión y recepción de información. En el proyecto de investigación europeo Mediadem (Revisión de las políticas europeas sobre medios de comunicación: Evaluación y exigencia de medios libres e independientes en las democracias contemporáneas), donde se comparaban diversos sistemas europeos, se abordó, entre otras cuestiones, de qué manera los derechos y libertades tradicionalmente aplicables a los medios de comunicación clásicos resultaban extensibles a nuevas realidades como las redes sociales. Y, con ello, se planteaba también si cabía proponer algún mecanismo regulatorio, como es la autorregulación ya mencionada, a dichas redes, exigiendo determinados niveles de diligencia y responsabilidad editorial sobre los contenidos. En definitiva, se trataba de establecer si las redes sociales –o algunas de ellas– son o no medios de comunicación y qué régimen jurídico habría de serles aplicado.

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En ese contexto se produce el auge de las denominadas fake news o desinformación, expresión esta última propuesta por la Comisión Europea, que desde hace unos años ha desarrollado una estrategia para combatirla en el marco del Mercado Único Digital, argumentado que es un “enorme desafío para Europa”. La desinformación aquí no apelaría únicamente a la existencia de noticias falsas o engañosas, sino que el rasgo relevante es que las mismas hayan sido creadas, presentadas y difundidas con un objetivo concreto: o bien la obtención de una ganancia económica o bien que se persiga justamente engañar al público; siempre y cuando se cause un daño –asimismo– público. Se insiste en que el entorno digital agrava este fenómeno por su facilidad para difundir los mensajes.

La estrategia de la Comisión se ha desarrollado de forma rápida con la constitución de un grupo de expertos y se plasmó inicialmente en la Comunicación de 26 de abril de 2018 titulada ‘La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo’. Se trata de un amplio texto donde se realiza un diagnóstico de la situación y se proponen distintas líneas de actuación que habrán de diseñarse y ponerse en práctica.

Entre otras cuestiones, se apela a la necesidad de profundizar en las medidas de transparencia de los medios de comunicación, a fin de identificar con claridad la propiedad de los mismos. Se propone también incluir sistemas de evaluación de contenidos por los usuarios, así como sistemas de verificación de datos, con una referencia a la Red Internacional de Verificación de Datos.

Esta red es una iniciativa desarrollada en el Poynter Institute for Media Studies de Estados Unidos, cuya finalidad es contribuir a la verificación de los datos que subyacen a informaciones publicadas. Con ese fin se ha desarrollado un código de principios y se acredita a las organizaciones signatariasde dicho código. Un recorrido por el listado de dichas organizaciones muestra que conviven medios tradicionales, como The Washington Post o Le Monde, con otras entidades de índole variada.

En la Comunicación de la Comisión, se hace una advertencia especial en relación con la seguridad en procesos electorales y se apela a la configuración de mecanismos de autorregulación, en especial en lo concerniente a la publicidad de carácter político.

En este punto, no puede esconderse que un desencadenante mayor de la estrategia europea –y, por extensión, la de países que han emprendido actuaciones semejantes– es la sospecha de que este tipo de desinformación, unida a otras conductas, han podido condicionar resultados electorales y podrían hacerlo en el futuro. Si esta sospecha ha sido un mantra en relación con la posible influencia rusa en las elecciones estadounidenses que dieron la Presidencia a Donald Trump, Rusia es también objeto de preocupación en la Unión Europea a este respecto. Sin embargo, aun contando con una impronta geopolítica clara, el fenómeno trasciende esta óptica.

Por último, además de un Plan de Acción específico, aprobado en diciembre de 2018 para poner en marcha medidas concretas, en septiembre de ese mismo año había salido a la luz el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación –suscrito por algunos de los actores concernidos– con vistas a que fuera aplicado de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019.

Todas estas últimas actuaciones guardan relación, en definitiva, con mecanismos de control, pero sí quisiera subrayar dos líneas de acción que se mencionan en los documentos europeos que no derivan de esta noción y que resultan vitales. Si la libertad de información se articula entre emisor y receptor, siendo ambas posiciones relevantes, estas líneas de acción a las que a continuación me referiré persiguen fortalecer sus posiciones.

Así, de un lado, se insiste en potenciar el periodismo de calidad, incluso diseñando sistemas de ayudas para abordar fallos de mercado que obstaculicen la sostenibilidad de dicho periodismo. De otro lado, se pone el acento en la alfabetización mediática y en el desarrollo del pensamiento crítico, con el fin de consolidar una ciudadanía activa y responsable, propia de una democracia madura. De modo que los programas de alfabetización mediática, que en los últimos años se han tratado de impulsar desde distintas entidades con desigual suerte, serían una herramienta eficaz en este mundo de desinformación