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CRISOL Y LOS DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA

CRISOL Y LOS DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA

FOTO. UNA CONVOCATORIA EXITOSA TUVO ESTE VIERNES LLUVIOSO

 

 Un intento claro de entorpecer el trabajo que se viene llevando a cabo, en relación a los desaparecidos en la dictadura; y no solamente en cuanto a la búsqueda de los restos de los Detenidos Desaparecidos.

 

A partir del robo de un disco duro donde contenía una década de informes de los desaparecidos, nos vemos que  hay una amenaza clara y directa para los integrantes del grupo de trabajo cuyos domicilios fueron identificados y señalados en un mapa de Montevideo. Su irradiación es mucha más amplia. Apunta a amedrentar a quienes anónimamente han comenzado a aportar información relevante en los últimos tiempos. También agrega presiones a todos los operadores judiciales, a todos los jueces que tienen en sus manos las causas del pasado reciente.

 

En nuestro país, corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar  las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado.

 

Desde octubre de 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones. La ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, anulando fácticamente la ley de caducidad. El poder judicial, además,  recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada durante dos décadas por los defensores de la impunidad.

 

El tiempo en que estuvo  vigente la ley caducidad no debe computarse  a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. Son, por sentencia de la Suprema Corte, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.

 

Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices.

 

La Suprema Corte de Justicia debe alentar y vigorizar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor. Debe adoptar orientaciones que  garanticen que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para los criminales como Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.

 

La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto de país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento  en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad en junio de 1968. Se aplicó para reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de los privilegiados de siempre. Fue una iniciativa de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.

 

Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. La implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas  es la hoja de ruta para evitar que los hechos vuelvan a repetirse, para afirmar la democracia, las normas de DDHH y generar las condiciones que permitan seguir avanzando.

 

Corresponde también a la justicia, con el auxilio de la Policía, investigar y castigar este atentado sumamente profesional y que amenaza también a toda la sociedad. La impunidad siempre alienta la impunidad.

 

La movilización más amplia de toda la ciudadanía en reclamo de Verdad y Justicia, por conocer el destino de los Detenidos Desaparecidos, es el camino a transitar. Como siempre. Los expresos políticos ahí estaremos.

 

CRISOL, CON ARREGLOS DE IDENTIDAD

 

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