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¿Quién dijo que nadie festeja? Más delitos y menos privados de libertad.

¿Quién dijo que nadie festeja? Más delitos y menos privados de libertad.

Ud. está en la columna de humor y malas noticias. 

Por Dr. David Malowany. 

Asociar cada mala noticia a un Festejen Uruguayos Festejen, ya es un clásico en los incorfomistas con el régimen que se ha asentado en el poder.  Pero esta vez, un sector de la población tiene verdadero motivo para el  regocijo. Desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, el primero de noviembre de 2017, los delitos han aumentado y cada vez menos menores y mayores de edad son privados de libertad, según informa Búsqueda y Subrayado. Hasta el  experimentado hombre supo estar de los dos lados del mostrador lo reconoce, el Sr. Ministro Bonomi.  

Por su  hora y día de entrada de vigencia, muchos lo han pasado a llamar el Código Halloween. 

Un informe reservado del Ministerio del Interior  atribuye la situación a los desajustes naturales de un sistema cuyo funcionamiento no es pleno.

Es que es evidente, la instrucción de las denuncias, que antes la realizaban más de doscientos funcionarios del Poder Judicial, sumados a 20 jueces y otros tantos actuarios hoy la realizan un puñado de personas de la Fiscalía.

Cuando uno escucha un ruido fuerte en la Ciudad Vieja tiene miedo que no hayan sido los ordenadores de dicha unidad autónoma, ante la cantidad de denuncias sin sustanciar. 

Tal vez el Fiscal Jorge Díaz, se crea un reverendo, su faraónica dependencia un templo y hallará que algún día d-os se encargará de sustanciarlas. Hasta podríamos ponerle un nombre al edificio: PARE DE DENUNCIAR !

A la vez nuestro Poder Judicial tuvo una mentalidad de funcionario de mostrador.  Tenía sobrada información de que el sistema iba a colapsar en poco tiempo, pero ello se iba a achacar a otra oficina del Estado.  Como hemos escuchado tantas veces, vaya a quejarse al otro despacho...

Una funcionaria judicial le confesó a este narrador que sus ex compañeros de juzgado, re-asentados en las sedes que tramitan bajo el nuevo procedimiento, tienen mucho tiempo libre, a la vez que los viejos juzgados, que no reciben nuevos asuntos desde la medianoche de terror del año pasado, siguen atestados de trabajo. 

La crónica de Subrayado dice que los hurtos y rapíñas habían descendido en 2016 y hasta setiembre de 2017. Pero desde entonces la tendencia se revirtió.

El ministro  dijo que era algo esperable. "Sabíamos que habría dificultades al principio", comentó y admitió que la coordinación previa entre fiscales y policías resultó insuficiente.

La Policía tiene problemas para conseguir órdenes de allanamiento. También los fiscales optan por dejar en libertad a los detenidos por delitos menores.

El sector judicial no tiene la misma perspectiva de los hechos.

El presidente de la Asociación de Magistrados Alberto Reyes dijo que es "aventurado" hacer un diagnóstico que vincule el código con el reciente aumento de la delincuencia.

"Los mayores picos de fines de 2017 no prueban otra cosa que un leve incremento de los delitos, mayor que el de fines de 2016", dijo Reyes y manifestó que es una "muestra muy escasa" para sacar conclusiones.

El fiscal Carlos Negro afirmó que "no hay relación" entre el aumento de delitos y el nuevo CPP.

Negro dijo que el sistema "cada día responde mejor" y que no cree que la reducción de las prisiones preventivas tenga algún efecto en la seguridad.

Tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio Público y Fiscal y el Poder Judicial coinciden en que la mayor dificultad ha sido el trabajo asociado entre fiscales y policías.

Antes los policías trabajaban bajo la orden de los jueces. Ahora deben hacerlo en la órbita de los fiscales.

Ahora son los fiscales los protagonistas de las investigaciones y tienen plenos poderes para elegir con qué policías trabajar.

El trabajo conjunto no se pudo afianzar previo a la puesta en funcionamiento del CPP, admitió Reyes.

"La Policía ha adoptado la actitud de no tomar medidas sin que se lo indique el fiscal. Tienen potestad para investigar y llevarle casos al fiscal. No puede estar a la espera", dijo a Búsqueda una fuente de la Fiscalía General.

El propio Bonomi admitió que esa situación existe y que es un problema a afrontar.

El nuevo CPP se consideró un modelo "más garantista". Más del 70% de los casos que llegaron a la justicia desde el 1° de noviembre se resolvieron antes de llegar a juicio.

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