Ocho años después de haber sido aprobada con amplio consenso político la ley marco de la Defensa Nacional, el gobierno envió al Parlamento el siguiente paso para la reforma militar: el proyecto con la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas que actualiza las disposiciones vigentes desde 1974.
Una de las claves conceptuales —y que en el proyecto se establece a texto expreso— es el fin de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Asimismo se termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante la última dictadura.
La iniciativa echa por tierra el concepto de obediencia debida en el caso de los derechos humanos, al señalar que ningún militar “debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales”.
Y añade que lo contrario “determinará la directa responsabilidad del militar, el que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores”. A la vez, señala que “impartir órdenes contrarias a lo dispuesto, será considerado falta muy grave”.
La iniciativa establece que dentro de las obligaciones del estado militar se encuentra el deber del secreto profesional, pero se advierte que “no podrá invocarse cuando la información solicitada se refiera a violación de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
El País